“Los jóvenes no abandonan el campo: el Estado los expulsa”
- Noticias a la 8va

- 18 dic 2025
- 5 Min. de lectura
Por: Sofía Mollinedo
En Tabasco, al igual que en muchas regiones rurales de México, cada vez son menos los jóvenes que deciden quedarse a trabajar la tierra. A menudo se escucha que “a los jóvenes ya no les interesa el campo”, pero esta frase, además de simplista, es profundamente injusta. La realidad es mucho más compleja: la migración rural no es un capricho ni una muestra de desinterés; es una respuesta lógica ante un conjunto de factores que hacen imposible construir un futuro digno en sus comunidades. Desde parcelas demasiado pequeñas para sostener a familias completas, hasta la falta de infraestructura, créditos accesibles y acompañamiento técnico, la vida en el campo se vuelve precaria y llena de incertidumbre.
Esta investigación demuestra que los jóvenes tabasqueños no abandonan el campo por desinterés, sino porque el sistema agrícola y las políticas públicas actuales no les ofrecen un proyecto de vida sostenible. Culpar a la juventud es un mito que impide atender la raíz del problema: la falta de inversión, planificación y visibilidad del campo en la agenda pública. Mientras estas condiciones no cambien, la migración rural continuará y con ella, la pérdida de identidad, tradición y productividad agrícola en Tabasco y México.

El abandono del campo por parte de los jóvenes tabasqueños no puede entenderse sin analizar primero el contexto estructural en el que viven. En las zonas rurales, las oportunidades económicas son limitadas, la infraestructura es insuficiente y los apoyos gubernamentales rara vez se traducen en mejoras reales para quienes desean trabajar la tierra. No es casualidad que la población agrícola esté envejeciendo con rapidez: Infobae reporta que más del 75% de las personas que viven inseguridad alimentaria en México pertenecen a zonas rurales, lo que muestra el atraso estructural al que están sometidas estas comunidades.
Además, los jóvenes enfrentan riesgos adicionales que hacen cada vez más difícil permanecer en el campo, como la presencia del crimen organizado que despoja o amenaza tierras, y fenómenos naturales adversos como la sequía que disminuyen la productividad. A esto se suma que la mayoría de los productores supera los 50 años, mientras que los jóvenes representan solo una fracción mínima de la fuerza laboral. De hecho, la plataforma Por Nuestro Campo señala que únicamente el 12% de los jóvenes entre 18 y 25 años considera dedicarse a actividades agropecuarias, lo que evidencia que no se trata de falta de amor por la tierra, sino de falta de condiciones para sostenerse en ella. Ante este panorama, no sorprende que muchos busquen oportunidades en la ciudad, donde encuentran mayor seguridad, ingresos más estables y posibilidades de desarrollo personal y profesional.
Uno de los factores más graves que explican esta migración es la pérdida de autonomía alimentaria. Según AgroLatam, con información de la Asociación de Molineros de Latinoamérica (AMLAC), México importó 16.8 millones de toneladas de maíz entre enero y agosto de 2025, una cifra récord que refleja la incapacidad del campo nacional para sostener la demanda interna. A esto se suma que, de acuerdo con Reforma y el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), la importación de maíz blanco aumentó 253% en el primer semestre de 2025 debido a la sequía. La Jornada, también con cifras del GCMA, reporta que México importó 40.7 millones de toneladas de granos y oleaginosas de enero a octubre de 2025, confirmando la dependencia creciente del país del mercado internacional. Esta situación no solo afecta a escala nacional: Tabasco también depende de productos externos. Aunque es un estado agrícola, buena parte del maíz, frijol y arroz que consume proviene del norte del país o del extranjero, lo que demuestra que el campo tabasqueño opera en desventaja frente a mercados más tecnificados.

A estas dificultades se suma un problema histórico: la fragmentación de la tierra. En Tabasco, como en muchas zonas rurales del sur, la propiedad ejidal se ha dividido entre generaciones al punto de que familias completas deben vivir de parcelas de apenas una o dos hectáreas. Según el INEGI, más del 70% de las unidades de producción en el sureste mexicano se consideran minifundios, lo que significa que su extensión es insuficiente para sostener una producción rentable. Así, mientras cinco o más personas dependen de una parcela mínima, competir contra productores tecnificados del norte resulta prácticamente imposible. Esta fragmentación hace que incluso quienes quieren trabajar la tierra no tengan los medios para hacerlo.
La desigualdad regional también influye profundamente. Mientras que los campesinos del norte del país, especialmente en estados como Sinaloa y Sonora, cuentan con infraestructura de riego, acceso a tecnología agrícola avanzada y mercados de exportación, los productores del sur, incluyendo Tabasco, trabajan bajo condiciones completamente diferentes. En el norte se exportan hortalizas, granos y productos con alto valor agregado; en el sur, en cambio, predominan cultivos como cacao, plátano, yuca, maíz y caña de azúcar, muchos de ellos destinados al autoconsumo o con cadenas de valor menos rentables. Según datos del INEGI, Sinaloa cuenta con más de 700 mil hectáreas bajo riego, mientras que Tabasco tiene una superficie de riego mucho menor y más vulnerable a inundaciones y sequías. Esta brecha muestra que no es el “interés” lo que determina la permanencia en el campo, sino el acceso desigual a los recursos.
Las condiciones económicas también empujan a los jóvenes a abandonar el campo. Mientras el salario mínimo en zonas urbanas alcanza los $248.93 pesos diarios, muchos trabajadores rurales ni siquiera reciben un salario formal. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el 85% del empleo agrícola en el sur del país es informal, sin contratos, sin seguridad social y sin un ingreso fijo garantizado. Además, los precios agrícolas rara vez benefician al productor: según el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), mientras el maíz puede pagarse al productor entre $6 y $7 pesos por kilo, en la ciudad el mismo grano se vende entre $20 y $25. Esta brecha se debe a la cadena de intermediarios, la falta de centros de acopio y la ausencia de precios de garantía sólidos en todas las regiones. Para un joven, este escenario es desmotivador: quedarse en el campo significa trabajar más para ganar menos.

Quedarse en el campo implica trabajar sin seguridad laboral, sin créditos accesibles, sin infraestructura adecuada y sin acompañamiento técnico. La tecnificación avanza lentamente y, cuando llega, lo hace sin capacitación suficiente o sin incluir a los jóvenes en los proyectos productivos. Sembrando México indica que la edad promedio de los productores ya ronda los 58 años y que menos del 7% son menores de 35, lo cual confirma que el sistema agrícola no está logrando renovar generaciones. Los jóvenes tabasqueños no migran por desinterés; migran porque quedarse significa renunciar a seguridad, ingresos y un proyecto de vida digno.
Mientras tanto, las consecuencias comienzan a notarse en todo el país. Comunidades enteras envejecen, los oficios tradicionales se pierden, los saberes locales desaparecen y la producción disminuye. En Tabasco, según Tabasco Hoy, las rancherías se están quedando sin jóvenes que trabajen la tierra, lo que incrementa la carga sobre productores mayores que siguen manteniendo vivas prácticas que ya no encuentran quién las herede.
Culpar a los jóvenes solo agrava el problema, debemos entender que migran no porque no les guste el campo… sino porque las opciones reales para prosperar ahí son casi inexistentes. La falta de caminos adecuados, de internet, de centros de acopio, de financiamiento y de precios justos convierte al campo en un espacio que exige demasiado y ofrece muy poco. Ante esa realidad, la decisión de dejarlo no es rebeldía: es lógica.






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